Sobre la presentación de los resultados SIMCE 2009

Los presentación de los resultados del SIMCE 2009 fue acompañada de medidas como la publicación de mapas comunales con el puntaje de cada escuela y su clasificación bajo categorías que, en última instancia, las identifica como de baja, mediana o alta calidad, sin informar, en el caso de las particulares subvencionadas, cuánto cobran a los padres, entre otros datos de contexto que diferencian a las escuelas, las hacen competir en condiciones de desigualdad y relativizan la evaluación que se hace de sus resultados (interpretando como tales los conocimientos medidos en sus estudiantes). Entre los aspectos que diferencian a las escuelas y no se tienen presente a la hora de clasificarlas, y que generan desigualdad en la competencia por matrícula, son: el estatuto docente para las municipales vs el código del trabajo para las particulares subvencionadas, que permite el libre despido de los profesores y profesoras; y sobre todo, la selección que hacen las escuelas particulares subvencionadas, no solo por nivel socioeconómico, al cobrar a las familias por el servicio educativo, sino también, por nivel cognitivo (a pesar de estar prohibido antes de 5º), apelando al proyecto educativo institucional (lo que está permitido).

En relación con estas tendencias discriminatorias y segmentadoras, las críticas a la política de los liceos de excelencia han sido comentadas por algunos personeros de derecha como portadoras de un afán igualitarista excesivo, que inhibiría medidas de aprovechamiento de los talentos de algunos niños, niñas y jóvenes. Estas declaraciones se alejan de la convicción de que la educación de buena calidad es un derecho de todas y todos. Ante el evidente carácter discriminatorio de estas posiciones, el ministro Lavín sale al paso diciendo que no es lo único que se hará…

Ambas medidas (Mapa SIMCE y Liceos de Excelencia), se basan en una concepción de la humanidad como un conjunto de individuos que, intentando satisfacer sus necesidades o intereses de distinto orden, compiten entre sí para maximizar beneficios, y que gracias a la racionalidad de sus decisiones, producirían resultados (mercancías: bienes y servicios) que

beneficiarían a la vez, la vida de otros seres humanos. Así, los padres decidirían racionalmente enviar a sus hijos a la mejor escuela, y no a la mala escuela (Friedman), lo que se traduciría en que las escuelas mejorarían su atención educativa para sobrevivir. Los profesores decidirían mejorar su quehacer, para subir su posición en el ranking de la evaluación docente, y así incrementar sus ganancias o evitar los castigos. Los y las estudiantes de enseñanza básica decidirían estudiar y aprender más, buscando acceder a un mejor Liceo o ganarse un computador; y el o la que no decide mejorar, debe asumir su responsabilidad. Estos planteamientos funcionan bajo el supuesto de decisiones autónomas y racionales, que se toman y producen resultados, independientemente de las condiciones bajo las que las personas piensan y actúan. Muy por el contrario, tales decisiones y sus resultados están determinados, además de por la voluntad personal, por las situaciones y contextos de vida de los sujetos. Esto es negado por representantes de la derecha, que incluso rechazan la idea de que los aprendizajes de los niños y niñas dependan de forma significativa del capital cultural de las familias que forman parte.

Esta supuesta coincidencia entre los intereses personales y los beneficios colectivos, niega la existencia de conflictos que en su resolución o vigencia, producen beneficios a unos al mismo tiempo que perjudican otros, aunque los implicados no lo reconozcan. Esta operación ideológica legitima la competencia como principio rector de las relaciones sociales y educativas, antes que, por ejemplo, la colaboración. Principio este último que en la investigación educativa aparece con mayor poder explicativo de la mejora en la enseñanza y el aprendizaje.

El acotamiento de la discusión sobre cómo mejorar el sistema educacional, bajo la operación ideológica descrita, evita el debate en torno a cuál es el sentido de la educación y cuál sería la arquitectura del sistema educativo más adecuada a los fines así definidos. De esta forma se reducen las alternativas de reconfiguración política y administrativa del sistema educacional, a las propuestas congruentes con el actual modelo, volviendo extrañas o inaceptables, propuestas alternativas basadas en la concepción de la educación como un bien público y derecho humano fundamental, antes que una mercancía. Pero además, esta adhesión ideológica le resta efectividad a las medidas que desde las posiciones oficiales se pretende impulsar. Así, el enfoque que basa su modelo de desarrollo social, y de la educación, en la competencia generalizada y la búsqueda de maximización de beneficios por parte de los individuos (naturales o jurídicos), cuando concentra su quehacer educativo en el desarrollo del

cálculo y la lectura, para un desempeño más competitivo de los individuos en los mercados, choca con la evidencia que la sicología educacional ha relevado, en relación con la importancia de atender a otros aspectos de la condición humana, de mayor valor para el crecimiento personal y la convivencia social, como lo son las dimensiones afectiva, emocional y cultural, de las que en definitiva depende el aprendizaje del cálculo y la lectura, especialmente en la infancia. Otra inconsistencia asociada a esta obturación ideológica del debate: existen comunas donde el 95% de los establecimientos aparecen en los mapas SIMCE teñidos de rojo ¿Qué oportunidades de elección racional abre a los habitantes de esas comunas esta medida gubernamental?