Foro, apoderados y diputados presentan recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Financiamiento Compartido

El recurso “debiera marcar una nueva etapa en la educación en Chile, puesto que pone en tela de juicio la aplicación del sistema del Financiamiento Compartido, caballo de Troya para la destrucción de la educación pública”, destacó el diputado Rodrigo González.

 

Miércoles 27 de abril

 

Un grupo de apoderados y estudiantes de Puente Alto, a quienes se les negó la matrícula de cuarto medio del colegio Principado de Asturias a principios de marzo por razones económicas, presentaron un recurso al Tribunal Constitucional con el objetivo de impugnar el Financiamiento Compartido en la educación.

 

Los apoderados, junto al Foro Nacional Educación de Calidad Para Todos, argumentan que este sistema de copago impide a los padres escoger el establecimiento educacional para sus hijos sin ser discriminados, como lo establece el derecho a la libertad de enseñanza consagrado en la Constitución.

 

René Varas, secretario ejecutivo del Foro, manifestó que “lo que estamos denunciando y tratando de revertir es que estos padres, madres y estudiantes, así como ocurre de manera generalizada en el sistema educativo chileno, hayan sido discriminados y excluidos del colegio que escogieron para educarse”.

 

La presentación al Tribunal Constitucional es apoyada por los diputados Rodrigo González (PPD), Cristina Girardi (PPD) y Carlos Montes (PS).

 

Para Rodrigo González, “esta presentación al Tribunal Constitucional debiera marcar una nueva etapa en la educación en Chile, puesto que pone en tela de juicio la aplicación del sistema del Financiamiento Compartido, que ha sido el caballo de Troya para la destrucción de la educación pública”.

 

Fernando Atria, abogado constitucionalista que elaboró el recurso, explicó que se busca alegar que “esa facultad que la ley (de Subvenciones, 1998) le da a algunos establecimientos educacionales de cobrar una cantidad de dinero, a pesar de ser subvencionados por el Estado, constituye en este caso una limitación a la libertad de los padres a elegir establecimientos educacionales, que es el derecho central que la Constitución garantiza”.

 

El diputado González señaló que el FICOM “es un sistema tremendamente injusto, inequitativo y segregacionista, porque permite que a los padres que tengan más dinero puedan tener una educación mejor financiada”.

 

A su vez, la diputada Cristina Girardi criticó que este sistema impide el ejercicio del derecho a la educación: “acá tú no eliges (un establecimiento educacional), porque si no tienes plata, no puedes elegir. Cuando no tienes la limitante del bolsillo, ahí sí hay libre elección”.

 

Finalmente, el diputado Carlos Montes se refirió a la necesidad de realizar reformas sustanciales al sistema educativo: “hay un muy mal sistema que implica desigualdad en la educación de una manera muy importante, que debiera corregirse de una vez por todas, aunque para eso no ha habido voluntad política”.

 

El caso de Puente Alto

 

La medida se sustenta en el recurso de protección que ya fue admitido por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que busca restituir a ex alumnos del colegio Principado de Asturias de Puente Alto, a quienes se les negó la matrícula de cuarto medio al inicio de clases de este año debido a la decisión del establecimiento de fusionar los dos cuartos medios. Quince alumnos resultaron excluidos del colegio por no haberse matriculado en diciembre, a pesar de que la dirección les había comprometido reservar sus cupos hasta marzo.

 

Al respecto, la apoderada Geisser Silva, dijo sentirse muy afectada no sólo por su hijo mayor, Franco, sino también porque su hijo menor sigue en el colegio. “No tengo nada en contra del establecimiento”, aseguró, “tengo cada días más afecto por el colegio porque ahí tengo uno de mis niños, pero  mi hijo mayor debiera estar rindiendo cuarto medio ahí, con sus compañeros, tiene vínculos de amistad, de afecto”.

 

Sustento jurídico del recurso 

 

El documento presentando consiste en un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 24 del D.F.L. Nº2 de Educación de 1998, en relación con el recurso de protección tramitado por la Corte de Apelaciones de San Miguel en defensa del derecho de un grupo de padres de Puente Alto a elegir la educación que quieren para sus hijos/as. La presentación del recurso se sustenta en que el FICOM (Financiamiento Compartido) impediría el ejercicio del derecho a la libertad de enseñanza, en lo que se refiere el artículo 19 Nº 11 inciso 4 de la Constitución Política de la República, la que dispone que los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.